FM TENTACIÓN BRAGADO SITIO OFICIAL!
La ex policía bonaerense Griselda Inés Ortiz (45) promocionaba en sus redes sociales la experiencia de viajar a Ucrania para combatir en la guerra contra Rusia como una aventura heroica. Sin embargo, en comunicación privada, el atractivo era otro: ofrecía una remuneración de al menos 1.000 dólares mensuales, con un bono de 700 dólares si el destino era la primera línea de fuego.
Esta oferta resultaba considerable si se tiene en cuenta que Ortiz, al solicitar su baja de la Policía Bonaerense, percibía un salario básico de 1.200.000 pesos, situación que la llevaba a complementar sus ingresos con horas extras. Según las decenas de fotografías que compartió en sus perfiles de Facebook e Instagram, vistiendo uniforme militar y portando armas largas, ella misma viajó a pelear a finales de 2025. Posteriormente, su actividad evolucionó hacia el reclutamiento de combatientes.
De acuerdo con la investigación que llevó a la detención de Ortiz el pasado fin de semana por parte del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, ella y su pareja enviaban contingentes de entre 10 y 15 personas a Ucrania, cuyos pasajes eran financiados con fondos aún sin esclarecer. El viaje era sólo de ida, con un compromiso mínimo de seis meses. Quienes intentaban regresar enfrentaban la amenaza de ser acusados de deserción o de pagar una indemnización de 2.500 dólares. La mayoría de los reclutados carecían de celular por miedo a que se comunicaran con el enemigo, y tampoco poseían pasaporte.
El contrato real, que los interesados nunca veían antes de viajar, estipulaba un compromiso de tres años para integrar una fuerza especial de apoyo a las tropas ucranianas en el conflicto con Rusia. Algunos reclutados contaban con experiencia previa, como exmilitares o miembros del Grupo Halcón, mientras que otros, recién llegados a la mayoría de edad, desconocían a qué se enfrentaban. Estos últimos, al menos quince personas, solicitaron ayuda en la embajada argentina.
Ortiz no fue detenida mediante una orden de captura internacional con fines de extradición, sino que fue arrestada en su domicilio de Tigre. Su último destino policial fue la Comisaría de la Mujer y la Familia del partido homónimo, ubicada en la misma zona. Allí prestó servicio hasta que formalizó su baja el 11 de marzo de este año, mientras ya era investigada. Había cumplido nueve años y cuatro meses en la Bonaerense, donde comenzó en 2015 como agente de la Policía Local tras egresar de la Escuela de Policía de Prevención de Tigre y en 2022 recibió un premio al mérito por su desempeño.
Madre de cinco hijos de entre 20 y 28 años, la experiencia de Ortiz en Ucrania marcó un antes y un después en su vida. Su pareja, Jorge Alberto Otero (38), ex policía federal, fisicoculturista y propietario de un gimnasio, era su socio en el negocio del reclutamiento, según la investigación.
Un sitio pro ruso, dedicado a identificar mercenarios extranjeros, reveló el lunes que publicaron información sobre Ortiz en septiembre de 2025, cuando integraba la «Unidad Avanzada» de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR, por sus siglas en ucraniano) del Ministerio de Defensa de Ucrania, que también gestiona unidades operativas en el frente. Según ese medio, Ortiz pronto percibió que el negocio real estaba en reclutar compatriotas para las unidades recién creadas.
La causa y la alerta de Interpol
El 23 de julio pasado, Interpol Colombia emitió un «Alerta Morada» dirigida a sus pares en la región, titulada “Modus Operandi: Trata de Personas con fines de Trabajo Forzoso en Conflicto Armado”. La circular describía cómo operan redes que envían personas jóvenes con conocimientos en armas hacia zonas de conflicto en Europa a través de ofertas laborales engañosas que ocultan la verdadera naturaleza de las actividades. Los afectados firmaban contratos en idiomas desconocidos, se les retenían documentos y se les imponían condiciones coercitivas, vinculándolos en algunos casos directamente a enfrentamientos armados.
Días después, fue detenida Griselda Inés Ortiz, acusada de reclutar jóvenes desfavorecidos para incorporarlos a las tropas ucranianas bajo el Gobierno de Volodímir Zelensky. Según la Justicia, la oferta era engañosa y exponía a los interesados a graves riesgos a cambio de un pago atractivo pero incierto, que oscilaba entre 1.000 y 3.000 dólares, según la proximidad al frente de combate.
El caso de Ortiz forma parte de nueve investigaciones que los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX), llevan adelante principalmente en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora, donde se encuentra el aeropuerto de Ezeiza. También existen otros casos en Tucumán y Santa Fe. Además, la línea 145 contra la trata de personas recibió cinco denuncias de familiares de argentinos varados en Ucrania.
La Cancillería argentina monitorea este fenómeno desde hace varios meses, alertada por ciudadanos que pidieron asistencia en Ucrania al verse atrapados por la situación.
Se estima que desde 2022 unos 27.000 extranjeros, procedentes de alrededor de 130 países, han sido reclutados para el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, y Latinoamérica no está exenta de esta dinámica.
En abril de este año, los fiscales Colombo y Mangano informaron a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata
