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Una delegación de funcionarios argentinos, liderada por Luis Kreckler, viajó recientemente a Washington con el objetivo de avanzar en la definición del acuerdo comercial y de inversiones entre Argentina y Estados Unidos. Este avance ocurre en un contexto en el que el gobierno de Donald Trump busca alternativas para mantener vigentes los aranceles que fueron suspendidos tras un fallo de la Corte Suprema estadounidense.
La comitiva, que incluyó al embajador y negociador comercial Luis Kreckler; al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, dependiente del ministro de Economía, Luis Caputo; a la subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca; y al subsecretario de Reformas Estructurales, Alejandro Cacace, llegó el domingo y regresó el lunes por la tarde.
Durante su estadía, los funcionarios mantuvieron encuentros en la sede del United States Trade Representative (USTR), encabezado por Jamieson Greer, donde se reunieron con Daniel Watson, responsable para el Hemisferio Occidental. Según fuentes consultadas por Clarín, los temas abordados se centraron en “cuestiones de forma” del acuerdo bilateral firmado el 5 de febrero, que contemplaba la reducción recíproca de aranceles sobre más de 1.600 productos argentinos y ampliaba los cupos de importación de carne hacia Estados Unidos.
Sin embargo, pocas semanas después de la firma, un fallo de la Corte Suprema anuló los aranceles globales aplicados por la administración Trump, generando incertidumbre sobre la vigencia y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Si bien la cuota de carne fue implementada mediante un decreto, la oficina del USTR intenta encontrar mecanismos para avanzar en la implementación del acuerdo. “Estamos conversando sobre la puesta en marcha del acuerdo y el cumplimiento de los compromisos asumidos”, afirmó a Clarín una fuente cercana a las negociaciones.
Luis Kreckler también participó en una audiencia organizada por el National Foreign Trade Council sobre la sección 301, vinculada al trabajo forzoso. En marzo, el USTR inició investigaciones para determinar si 60 países, entre los que se encuentra Argentina, efectivamente prohíben o controlan la importación de productos elaborados mediante trabajo forzado, y si dichas prácticas afectan de manera “irrazonable o discriminatoria” el comercio estadounidense.
Esta medida, concebida como una forma sutil de presión para restringir importaciones de países como China, podría servir en este caso como un mecanismo legal para retomar la aplicación de aranceles y sortear el fallo judicial adverso, según señalaron fuentes a Clarín. “Realizan investigaciones por distorsiones comerciales y, sobre esa base, tienen la facultad para imponer aranceles”, explicaron. En la situación de Argentina, el problema identificado no sería el trabajo forzoso en sí, sino la posible importación de bienes producidos bajo esas condiciones.
Fuentes oficiales estadounidenses consideran que la intención es, al menos con Argentina, “restablecer el esquema acordado” mediante la utilización de la sección 301, que funcionaría como una herramienta legal para que el gobierno de Trump recupere las facultades que le fueron limitadas por los tribunales.
Por su parte, los funcionarios argentinos destacaron avances en materia de patentes y en la implementación de la cuota de carne, que “evoluciona favorablemente y ha incrementado nuestras exportaciones”. A pesar de que persiste cierta incertidumbre en Estados Unidos sobre la ejecución de aranceles debido a decisiones judiciales, ambas partes buscan concretar un nuevo esquema operativo para agosto.
